FAQs
Aquí encontrarás todas las respuestas a las dudas más frecuentes sobre el Censo Municipal de Amianto
¿Qué es el censo de amianto?
Es un registro público elaborado por los ayuntamientos para identificar todos los edificios, instalaciones y emplazamientos que contienen amianto en su territorio. Su objetivo es planificar su gestión y retirada segura, priorizando los espacios públicos de mayor riesgo.
¿Qué ley lo exige?
El censo es obligatorio según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley también establece los plazos de entrega y gestión del amianto, tanto en instalaciones públicas como privadas.
¿Cuáles son los plazos clave?
¿Qué administraciones participan?
¿Qué información debe incluir el censo?
¿Qué métodos se utilizan para detectar el amianto?
Se combinan técnicas tradicionales y nuevas tecnologías:
- 1. Inspección visual técnica por personal especializado
- 2. Análisis de laboratorio tras la toma de muestras (microscopía óptica y electrónica)
- 3. Teledetección mediante drones o imágenes satelitales para localizar cubiertas sospechosas
- 4. Inteligencia Artificial (IA) para analizar imágenes y automatizar la detección de materiales con amianto, mejorando la precisión y eficiencia del censo
¿Qué pasa si no se cumple con estas obligaciones?
El incumplimiento por parte de los ayuntamientos o propietarios puede tener consecuencias legales, sanitarias y administrativas, entre ellas:
- 1. Incumplimiento normativo
– Supone una vulneración directa de la Ley 7/2022, lo que puede dar lugar a sanciones económicas por parte de las autoridades autonómicas o estatales. - 2. Riesgos para la salud pública
– La falta de identificación y control del amianto expone a la población a riesgos graves para la salud, como la inhalación de fibras cancerígenas.
– Especialmente preocupante en espacios frecuentados por menores, mayores o personas con problemas respiratorios. - 3. Bloqueo de obras y licencias
– En edificaciones donde no se haya verificado la ausencia de amianto, las obras de reforma, demolición o rehabilitación pueden ser paralizadas.
– La falta de censo impide planificar adecuadamente las intervenciones urbanas. - 4. Responsabilidad patrimonial
– En caso de exposición o daños por amianto no gestionado, el ayuntamiento o propietario podría enfrentar reclamaciones civiles o demandas por responsabilidad. - 5. Pérdida de financiación
– Algunos programas de ayudas públicas para rehabilitación energética o urbana requieren que las instalaciones estén libres de amianto. Sin un censo actualizado, se puede perder el acceso a fondos europeos o estatales
¿Dónde puedo consultar el censo?
El censo debe ser público y accesible. Cada ayuntamiento puede ofrecerlo a través de su página web o mediante solicitud directa, y además debe remitirlo a su comunidad autónoma para seguimiento y coordinación.