Preguntas Frecuentes

Aquí encontrarás todas las respuestas a las dudas más frecuentes sobre el Censo Municipal de Amianto

¿Qué es el censo de amianto?

Es un registro público elaborado por los ayuntamientos para identificar todos los edificios, instalaciones y emplazamientos que contienen amianto en su territorio. Su objetivo es planificar su gestión y retirada segura, priorizando los espacios públicos de mayor riesgo.

¿Qué ley lo exige?

El censo es obligatorio según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley también establece los plazos de entrega y gestión del amianto, tanto en instalaciones públicas como privadas.

¿Cuáles son los plazos clave?

  • Abril de 2023: Fecha límite para que los ayuntamientos elaboraran y remitieran el censo a su comunidad autónoma.
  • Antes de 2028: Las instalaciones públicas con mayor riesgo deben estar completamente gestionadas (identificadas, planificadas y en proceso de retirada).
  • Antes de 2032: Se deberá haber completado la gestión del amianto en todas las instalaciones privadas.

¿Qué administraciones participan?

  • Ayuntamientos: Son los responsables de realizar el censo. 
  • Comunidades autónomas: Reciben el censo y supervisan su ejecución. 
  • Ciudadanía: Puede acceder al censo, ya que es un documento público. 

¿Qué información debe incluir el censo?

  • Localización exacta de los elementos con amianto 
  • Estado de conservación y tipo de material (friable o no) 
  • Nivel de riesgo para la salud 
  • Un calendario de retirada, priorizando los espacios públicos con mayor exposición 

¿Qué métodos se utilizan para detectar el amianto?

Se combinan técnicas tradicionales y nuevas tecnologías:

  • 1. Inspección visual técnica por personal especializado 
  • 2. Análisis de laboratorio tras la toma de muestras (microscopía óptica y electrónica) 
  • 3. Teledetección mediante drones o imágenes satelitales para localizar cubiertas sospechosas 
  • 4. Inteligencia Artificial (IA) para analizar imágenes y automatizar la detección de materiales con amianto, mejorando la precisión y eficiencia del censo 

¿Qué pasa si no se cumple con estas obligaciones?

El incumplimiento por parte de los ayuntamientos o propietarios puede tener consecuencias legales, sanitarias y administrativas, entre ellas: 

  • 1. Incumplimiento normativo 
    Supone una vulneración directa de la Ley 7/2022, lo que puede dar lugar a sanciones económicas por parte de las autoridades autonómicas o estatales. 
  • 2. Riesgos para la salud pública 
    La falta de identificación y control del amianto expone a la población a riesgos graves para la salud, como la inhalación de fibras cancerígenas. 
    Especialmente preocupante en espacios frecuentados por menores, mayores o personas con problemas respiratorios
  • 3. Bloqueo de obras y licencias 
    En edificaciones donde no se haya verificado la ausencia de amianto, las obras de reforma, demolición o rehabilitación pueden ser paralizadas. 
    La falta de censo impide planificar adecuadamente las intervenciones urbanas. 
  • 4. Responsabilidad patrimonial 
    En caso de exposición o daños por amianto no gestionado, el ayuntamiento o propietario podría enfrentar reclamaciones civiles o demandas por responsabilidad
  • 5. Pérdida de financiación 
    Algunos programas de ayudas públicas para rehabilitación energética o urbana requieren que las instalaciones estén libres de amianto. Sin un censo actualizado, se puede perder el acceso a fondos europeos o estatales

¿Dónde puedo consultar el censo?

El censo debe ser público y accesible. Cada ayuntamiento puede ofrecerlo a través de su página web o mediante solicitud directa, y además debe remitirlo a su comunidad autónoma para seguimiento y coordinación.